viernes, 23 de marzo de 2018

EL AGUA DERECHO HUMANO EN PAPEL Y MERCANCÍA EN LO SUSTANCIAL…

Sin lugar a duda la evolución de los Derechos Humanos se complejizan, debido en gran medida, a la disección de los elementos que le componen generando derechos humanos convergentes, y que desafortunadamente son mejor observados al momento de su violación, así pues, el artículo 3º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, consagra que: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; pudiendo identificar en la primera parte del articulado, el establecimiento del derecho a la vida; al hacerlo genera al mismo tiempo la protección de todos aquellos elementos tangible e intangibles, materiales o no, que le componen para su protección efectiva, en una cascada de innumerables derechos que le implica, le conforman y le integran, derechos humanos convergentes. Y que en este caso específico, van desde el oxígeno, la luz del sol como elementos intangible, hasta el agua como ejemplo de los elementos tangibles; enmarcados en la obligatoriedad de cumplimiento de los Estados Parte, de generar las condiciones mínimas necesarias para que se pueda dar la vida a partir del aseguramiento de estos derechos, lo que involucra sus características cualitativas y cuantitativas, que deben ser cumplidas.

Así pues, en el marco del 8º Foro Mundial de Agua, que se desarrolla en Brasilia, Brasil, y que sus trabajos hoy culminan; como resultado de la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, quien reconoce de manera explícita el derecho humano al agua; esta que debe ser potable, limpia, accesible, así como el aseguramiento de su saneamiento, son el centro de atención de la observación mundial.

Todos estos esfuerzos se encuentran encaminados a soslayar la tensión que existe entre gobiernos, particulares y empresas para adquirir este preciado líquido con sus características necesarias para ser ingerida; ya que la realidad social actual que tenemos, es que muchas empresas se han convertido en grandes devoradoras de los recursos naturales, poniendo en grave peligro la plataforma biológica de las naciones, como es el caso del agua, este incremento en las actividades de estos entes, se potencializa con la tentación de gobiernos corruptos que otorgan permisos para ello.

Así pues, desde empresas mineras que contaminan el agua, pasando por las energéticas altamente contaminantes, como son las termonucleares, al mismo tiempo que las empresas embotelladoras, que han venido acorralando con su “lobby” la inhumanización del agua, por medio de actos tramposos para obtener licencias hasta obligar a las naciones a modificar su legislación, como lo que pasa en el país anfitrión.

Empresas globales como Nestle, Coca-cola y de varias cerveceras, han logrado tener éxito para modificar la comprensión del agua, que pasa de ser un elemento de importancia vital a un bien mercantil. Aludiendo a los procesos de hipersaniamiento del agua, su embotellamiento y producción, relacionados con la importancia del flujo de capital y trabajo que de ello se desprende.

Una de estas tensiones, la encontramos en el paradigmático ejemplo de México y el caso de Constellation Brands, esta empresa que tiene como marcas a Corona Extra Corona, Light Modelo, Especial Modelo, Especial Modelo Chelada, Tamarindo, Picante Modelo, Negra Pacifico Victoria, quien consume en promedio 7 mil millones de metros cúbicos del vital líquido en Tijuana, Baja California[1], y que en la actualidad esta área se encuentra pasando por una fuerte sequía[2] hace que el agua cobre mayor valor.

Sí bien, la cervecera cuenta con una política empresarial de responsabilidad social, esta no cuenta con un apartado específico de recuperación y mantenimiento de la plataforma biológica por su consumo de agua, al mismo tiempo, que su Manifestación de Impacto Social no se encuentra de manera pública, toda vez que debería serlo.

Al mismo tiempo que esta Manifestación de Impacto Social, ha tenido una serie de baches y oscuros, nada claros, en su proceso de obtención por parte del gobierno estatal, y la intervención por parte del Presidente Enrique Peña Nieto[3] presionando para que se diera la inversión, es la constante en el caso de Tijuana. Sin embargo, existe un caso que le antecede, el de Nava en Coahuila[4], donde ha ocurrido un proceso de desgaste de la plataforma biológica importante.

Un caso más a investigar es la cervecera que se encuentra en plena Ciudad de México y que engulle la cantidad de agua que hace falta en la Delegación Iztapalapa, otro caso de acceso al agua se dan en la inmediaciones de autódromo Hermanos Rodríguez, donde los vecinos padecen de la falta de vital líquido a raíz que se inicio la actividad automovilística en dichas instalaciones, sobre poniendo los intereses económicos de un grupo empresarial a la protección del derecho al agua, por parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera.  

Hoy por hoy, miles de familias se encuentran en peligro de perder todo, hasta la vida misma, por desabasto de agua, y que en gran medida es consumida por Constellation Brands, la lucha social se ha dado de manera férrea contra el mismo gobernador Francisco “Kiko” Vega de la Madrid, quien es acusado de otorgar tarifas más bajas para obtener el agua que necesita, así como de perseguir a  defensores del derecho al agua y ciudadanía que le increpa[5], y es aquí donde el centro de la discusión cobra mayor importancia.

Ya que el derecho humano al agua debe estar recubierta por el principio Propersona atendiendo que el agua debe ser protegida y entendida como un derecho humano tanto por la legislación estatal que no atendió, así como al criterio del mismo gobernador “Kiko” Vega, evidenciando que es la autoridad quien viola flagrantemente los derechos humanos, buscando un fin secundario que el principal, proteger la vida misma de las personas, de sus gobernados.

Ergo, se le invita al Sr. Léo Heller, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, tomar en consideración una invitación para realizar investigación de las violaciones a este derecho por parte del gobierno de Baja California y de ser responsable comenzar con procesos de protección internacionales para detener dicha violación antes que tenga víctimas mortales.

Por la conquista de nuestros derechos.
Rodolfo Vitela Melgar.
Ciudadano Libre.




[1] Véase PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA REVISIÓN DE LA CONCESIÓN OTORGADA A LA EMPRESA CONSTELLATION BRAND EN BAJA CALIFORNIA, A CARGO DEL DIPUTADO
ROBERTO ALEJANDRO CAÑEDO JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
[2] Ídem.
[4] Véase PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA REVISIÓN DE LA CONCESIÓN OTORGADA A LA EMPRESA CONSTELLATION BRAND EN BAJA CALIFORNIA, A CARGO DEL DIPUTADO
ROBERTO ALEJANDRO CAÑEDO JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA


viernes, 16 de marzo de 2018

Derechos en tensión… la realidad de iure y la realidad social (parte II)


En la entrega anterior, como primera parte, se reflexionó respecto a la tensión que causa la realidad social que vivimos y las decisiones que llevan a la realidad de iure, de conformidad a los derechos humanos, como el marco contextual que generan las fricciones entre las imposiciones de leyes que no toman en cuenta la realidad social, esta que se vive y se da en la cotidianidad de las personas en México, de la injusticia y violaciones graves a sus derechos.

Una de estas tensiones se produjo el martes 13 de marzo de 2018, cuando se determina la constitucionalidad del proyecto presentado por el Ministro Javier Laynes Potisek (ministro impuesto por el presidente Enrique Peña Nieto), con la mayoría de 7 votos a favor en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto a la actuación de los elementos policiales, quienes podrán realizar inspecciones a personas y vehículos sin que exista una orden escrita, y que se puede realizar tan solo por presumir la simple existencia de “sospecha razonable” de estar involucrado en un delito, contenidas en los artículos 132, 147, 251, 266 y 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto a raíz de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Este acto se genera en tiempos de excesiva violencia en la sociedad mexicana, la colusión de las policías, en todos los órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal con el crimen organizado o entre ellos mismos para cometer actos ilícitos violando flagrantemente los derechos humanos, son quienes originan esta violencia; son el día a día del acontecer nacional, donde se han documentado cientos de casos de venta y entrega de personas.

A últimas fechas, el caso de la desaparición forzada de 3 italianos entregados al crimen organizado por policías municipales de Tepatitlán, Jalisco[1], el caso de 124 desapariciones forzadas con 202 víctimas por policías de Veracruz, en instalaciones de la misma academia de policías en Lancero, Xalapa[2], así como la ejecución extrajudicial en el caso de las hermanas Nefertiti y Grecia Camacho Martínez de 16 y 14 años otra vez en Veracruz[3], son el claro ejemplo de que las policías no deben de tener manga ancha en su actuación.

La debilidad policíaca nos permite observar la falta de compromiso por parte de sus mandos, así como de la necesidad inmediata de modificaciones profundas en la aceptación e integración en la filas desde las academias formativas; realizar evaluaciones poligráficas y de perfiles psico-criminales, es hoy una realidad a la cual no podemos eludirla.

En un intento de buscar respuestas a esta aturdidora, negligente y torpe actualidad de iure sin contemplar lo anterior, tal vez el Manual ampliado de derechos humanos para la policía, Normatividad y Practicas de los Derechos Humanos para Policías de Naciones Unidas[4], a través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, podría ser una guía importante en la modificación del paradigma de manera sustancial.

En ella se establece la forma de proceder en casos, como el que estamos viviendo, dejando claro que: “Antes de proceder a un registro obtenga una orden o un mandamiento judicial de registro siempre que sea posible. Los registros sin orden deben ser la excepción y llevarse a cabo sólo cuando sea razonable y esté justificado, como en el curso de una detención lícita, en caso de libre consentimiento o cuando la obtención de una orden con antelación sea imposible dadas las circunstancias[5]”, esto siempre tomando en consideración que “En todas las actividades de la policía se observarán los principios de legalidad, necesidad, no discriminación, proporcionalidad y humanidad[6]”.

Legalidad, fundamentando sus actuaciones conforme a derecho y sus procedimiento secundarios; necesidad de actuar, sin dilación y prontitud; no discriminación de conformidad en nuestro marco normativo al artículo 1° constitucional; proporcionalidad del uso de la fuerza y humanidad en consecuencia el principio Pro-persona en defensa de la dignidad humana.

Sobre todo, para el caso que nos atañe en México “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no cometerán ningún acto de corrupción[7]”, la cual tendrá un carácter de obligatoriedad en cada una de sus actuaciones. Sin embargo, y lamentablemente la realidad social es otra, demostrando lo contrario, casos emblemáticos de la deserción por parte de los elementos policíacos para sumarse a las filas de la delincuencia son la constante en la ecuación de Seguridad Pública, esta que es de por si ya endeble, forzando a caer en la Seguridad Nacional, la adhesión de ex-policías para realizar otros actos ilícitos como ha sido el caso de los huachicoleros[8], generan un alto impacto en los niveles de corrupción e impunidad, son la razón de evidenciar la falta deontológica de su proceder.

Otras medidas de contrapeso, será establecer controles ciudadano para registrar actos que violen la seguridad personal, y por ello de violaciones a los derechos humanos, actos que serán lícitos por quienes son molestadas en su persona ante este tipo de actuación policial, permitiendo en tiempo real grabar con celulares u otros dispositivos electrónicos estas acciones, facultar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a los Órganos Estatales de Protección de los Derechos Humanos, cual sea el caso, para allanarse en el lugar donde se está realizando la revisión, antes de poner a disposición a quien se presume culpable, para esto se tiene que diseñar un procedimiento de respuesta inmediata y también facultar a quien se encuentre y sea testigo de los hechos, poder grabar a policías proporcionando por parte de los elementos todos los datos, sin molestia ni agravio a quien los realice, un tipo de auditor ciudadano del procedimiento, finalmente informar a toda la ciudadanía de los elementos con los que cuenta para su defensa y de las instancias que se los garanticen.

En contraparte a la propuesta presentada por Laynez, 4 ministros votaron por la negativa, al defender los derechos humanos, encabezada por el Ministro Arturo Zaldívar junto a sus compañeros Norma Piña, José Ramón Cossio y Fernando Franco, con sustento y motivación en el principio Pro-persona, es sin lugar a duda lo más atinado de todas las peroratas vertidas para determinar su inconstitucionalidad, toda vez que viola derechos de seguridad jurídica, presunción de inocencia, intervención discrecional en la esfera personal y el debido proceso.

No se puede dejar de lado señalar que la resolución adoptada por la SCJN es no por menos decir, infame; debido a que su aplicación será sin lugar a equivocarnos, fuente de innumerables violaciones a los derechos humanos; actos que no son aislados sino bastante recurrentes, teniendo como candado las restricciones anteriores hasta el martes pasado, y que a pesar de ellas se venían realizando: detenciones arbitrarias, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura así como tratos crueles y degradantes, y trata de personas por integrantes de los cuerpos policíacos, ahora con esta puerta abierta se llevaran a cabo con mayor impunidad e intensidad.

Solo nos queda esperar, es decir, solicitar a la CNDH una vez agotada esta instancia, llevarle a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ya que esta realidad de iure se contrapone contra el cuerpo normativo ya existente y sobre todo ante la realidad nacional de corrupción policiaca, quienes junto a los militares llevan a cabo la mayor incidencia de violaciones graves a los derechos humanos, violaciones que se comienzan a conformar en crímenes de lesa humanidad ante su cantidad y reiteración, donde el gobierno por su falta de acción, omisión o intervención directa, son cómplices de los mismo crímenes que tendrán que ser ventilados y juzgados en tribunales internacionales.

Por la conquista de nuestros derechos.
Rodolfo Vitela Melgar.
Ciudadano Libre.



[1] Rendón, Vicente, “Revelan que policías mexicanos secuestraron y entregaron al narco a tres italianos desaparecidos”, CC NEWS, México, 24 de febrero de 2018,  https://news.culturacolectiva.com/noticias/policias-mexicanos-coludidos-con-narcotrafico/
[2] Manu, Ureste, “La policía de Javier Duarte nos arruinó la vida: exigen investigación contra exgobernador por desapariciones”, Animal Político, México, 19 de febrero de 2018, https://www.animalpolitico.com/2018/02/duarte-lencero-policias-desapariciones/
[3] Redacción de Animal Político, “Fiscalía de Veracruz exculpa a policías cinco días después de que abatieron a dos menores en Río Blanco”, México, 15 de marzo 2018, https://www.animalpolitico.com/2018/03/fiscalia-de-veracruz-exculpa-a-policias-cinco-dias-despues-de-que-abatieron-a-dos-menores-en-rio-blanco/
[4] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Normatividad y Practicas de los Derechos Humanos para Policías de Naciones Unidas,
Manual ampliado de derechos humanos para la policía”, Nueva York y Ginebra, Naciones Unidas, 2003,  http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training5Add3sp.pdf
[5] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Normatividad y Practicas de los Derechos Humanos para Policías de Naciones Unidas,
Manual ampliado de derechos humanos para la policía”, Nueva York y Ginebra, Naciones Unidas, 2003, p.17.
[6] Íbidem, p.3.
[7] Íbidem, p.2.
[8] Ferri, Pablo, “Antes, como policía, ganaba 270 dólares al mes. Ahora, con el combustible, puedo sacar hasta 50.000”, México, 23 de mayo 2017, https://elpais.com/internacional/2017/05/23/mexico/1495496778_273384.html

miércoles, 14 de marzo de 2018

Fricciones entre los tiempos de iure y los tiempos sociales… dejan sin efecto a los derechos humanos.


La violencia que actualmente aqueja a nuestra sociedad, y que se ha normalizado en nuestra cotidianeidad, es probablemente resultado de un egoísmo social que nos ha alejado de una conciencia colectiva compartida, respecto a los temas que se viven en nuestra sociedad, generando rezagos entre lo que sucede día a día, en nuestras relaciones con las demás agentes sociales, esta que no es estática sino por el contrario bastante dinámica y que finalmente afecta nuestras esferas personales.

Así pues, la violencia no es más que consecuencia de los resultados de una sociedad que no obtiene ni encuentra justicia, donde se violan sistemáticamente sus derechos humanos y del menosprecio de la dignidad y vidas humanas por parte de quienes ostentan el poder. En gran medida por una conducta aislacionista de estos 3 que conforman la Unión, los cuales se han venido acumulando sin obtener un desahogo racional con resultados notablemente palpables, sustanciales que modifiquen la calidad de vida con base a los derechos humanos.

Es el caso de la  lucha contra la delincuencia, en todas sus modalidades; un tema que en estos días permiten observar mejor el escenario, es la venta de droga en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sí bien es cierto que la UNAM ontológicamente es un recinto diseñado y hecho para el estudio, para el desarrollo de los diferentes campos del conocimiento humano, esta tiene en sí otra dimensión: la epistemológica, donde por el solo hecho de ser un centro de reunión de personas, se generan dinámicas sociales diversas, encontrándose la emocionalidad intelectual de los centros de estudios de este nivel. En este cumulo de multi-dinámicas que se dan por concurrencia, surgen otras tan intrincadas y complejas como el objeto para la cual fue creada.

La UNAM en su sede, Ciudad Universitaria, no ésta eximida de la realidad social que estamos viviendo, la comunidad universitaria es reflejo de lo que pasa afuera, no es ajena. De esta manera, el consumo de drogas es por obviedad o mera deducción que se realiza en ella, y que no llame a extrañeza, ni nos debe espantar, sino por el contrario comprender el fenómeno en un entorno más controlado.

En la ecuación existen 3 agentes determinantes, la autoridad, personas consumidoras y narcomenudistas. Las autoridades en un intento de regular este consumo, ha optado por generar una conciencia colectiva por parte del estudiantado, lo que pienso es correcto, frases como: “No es por lo que consumes, sino por lo que fomentas”, es un acierto para generar una responsabilidad social de la máxima Casa de Estudios de México, fomentando un tipo de dinámica social endouniversitaria más elocuente que el prohibicionismo estructural que nos han impuestos, así mismo, “el narco no es tu amigo”, son exposiciones de una narrativa diferente, llaman a generar esa conciencia amplia y colectiva necesaria. Ya que los hechos de violencia realizados por narcomenudistas dado en días pasados, obedece al mercado de drogas en CU.

Así pues, la política no ha sido criminalizar a quien le consume, sino a generar en ellos lo que propician, ya que por cada droga que consumen, serán dineros que se irán para compra armas, que luego son detonadas en sus propios espacios.

Esta realidad social no encuentra su armonización con la realidad jurídica que tenemos, sino por el contrario, tanto la sociedad como la autoridad de manera general han señalado, no por menos calificarla, como “perversas” actividades. Cabe hacer la notación que estados norteamericanos como California han legalizado la mariguana, lo que cambia el paradigma.

Visto desde la óptica de los derechos humanos, cada persona es dueña de sus cuerpos y por tanto, de lo que decide es mejor para cada corporeidad, desde una libertad personalísima, de esta manera la libertad de consumir drogas no debe ser nunca criminalizada, sino por el contrario debe ser regularizada desde el punto de vista de protección a los derechos de cada persona consumidora, y no por el prohibicionismo de la criminalización.

De tal forma, que es necesario armonizar nuestro cuerpo normativo a la liberación del consumo de drogas, así como establecer perfectamente, sin dejar vacíos jurídicos para su producción, distribución, venta y consumo. Esta fricción entre la realidad jurídica y la social nos han traído miles de muertes en nuestro país; pero mientras le logremos modificarle, es necesario generar esta responsabilidad comunitaria, que nos toca a todas las personas integrantes de los espacios universitarios, del incremento de violencia fomentado por el consumo de drogas.

Por la conquista de nuestros derechos
Rodolfo Vitela Melgar.
Ciudadano Libre.