Observo, con gran preocupación como el gobierno, tanto de
Peña Nieto como de Mancera, intentan dar trámite “fast track” a la tragedia
ocurrida por los terremotos del 7 y 19 de septiembre, pareciera una fase de
“tramitología del desastre”, que todo salga rápido y en friega. Recurriendo a
esquemas financieros para “reconstruir” viviendas de personas afectadas, sin
que esto termine de convencernos.
La razones muy sencillas: 1ª el proceso electoral, el cual arranca
en medio de esta tragedia, intentado frenéticamente de tapar rápido, cualquier
acto de corrupción y negligencia, con el objetivo de menguar el castigo
ciudadano en su intención de voto para 2018; porque en este caso, tanto los
partidos que componen el Frente Amplio: PRD y PAN, han sido los gobiernos
protagonistas del desastre ocurrido en la estrenada Ciudad de México, así como
en Morelos y Puebla –como leí hace unos días por ahí, “los desastres se
construyen no son fortuitos”, junto al PRI en Puebla también, Oaxaca y Chiapas;
2ª esta clase política guiada por viejos preceptos, como el famoso “año de
Hidalgo”, efectos que veremos después a finales del próximo año; y bueno
finalmente, la 3ª sacar raja política, como ya se ha censurado en medios de
comunicación.
Sin embargo, y ante la prontitud de limpiar los escombros,
otorgar financiamientos e intentar en un esfuerzo esquizofrénico de los
políticos por devolver la normalidad a estas entidades federativas, existen los
tiempos de las víctimas, de la población en general que nos vemos atropelladas,
no por menos decir, avasalladas por la inercia que han generado, por eso es
necesario hacer un alto y detenernos por un instante a pensar las cosas, para
poder evaluarlas y estar en posición de reaccionar.
El proceso de reconstrucción debe ser un acto de profundas
modificaciones ciudadanas, debemos de comenzar a plantearnos seriamente las
condiciones y principios sobre los cuales nos regiremos en nuestra edificación,
cambios que no alcanzarán tan solo con los resultados en las urnas, sino que
tienen que ir más allá en su alcance, estos que deben de regirse por un
compromiso sustancial para recuperar nuestra dignidad humana como sociedad; tomando en cuenta en todo momento la seguridad humana para su planteamiento.
Para tal encomienda, es necesario hacer constantemente
ejercicios de otredad a fondo. Por ejemplo, pensemos por un momento, que compramos
un departamento; representa un patrimonio que se ha forjado con el trabajo
cotidiano, con esfuerzos severos a nuestras finanzas, a privarnos de muchas
cosas, con tal de tener un espacio, un lugar propio donde vivir, pensando muy
probablemente en la seguridad de envejecer de manera digna, con un techo que
nos cubra y un bien económico para nuestros familiares en un futuro. Ahí mismo,
se forja la familia, espacios que dejan de ser solo paredes, generan un
sentimiento de pertenencia, de protección, el lugar donde descansar sin temores
ni miedo: el hogar, recubierto de electrodomésticos, centros de entretenimiento
y tecnológicos, muebles y demás para la consecución de nuestro día a día, alguno
de ellos obsequiados por seres queridos, con enorme valor sentimental. También,
es el lugar donde guardamos inversiones monetarias o de otro tipo, como
automóviles y demás. Este espacio, también puede ser rentado, pero con cada
pago se asegura la tranquilidad de vivir bajo el cobijo de un techo para
nosotros y nuestras familias; estas que son extendidas.
Lo mismo sucede, con
los centros educativos, las escuelas junto con todo el bagaje que esto
tiene, será el segundo hogar de nosotros o de nuestros descendientes, espacios
seguros, donde serán cuidados.
Toda esta seguridad es generada por el contrato social que nos
hemos dado y establecido, por medio de una serie de normatividades y
regulaciones que generan la certeza, de que se encuentran protegidas nuestras
vidas y las de nuestros seres queridos, esta confianza que se otorga al tenerle
por cierto, ya que todo en teoría se encuentra en orden. No pensamos al comprar
una propiedad, que estamos frente a un robo o fraude; pues sí se está
construyendo, es porque cuenta con el cumplimiento de toda la normatividad al
respecto, los permisos y la revisión de las autoridades para que se cumpla; sin
embargo, buscamos siempre, que se nos proporcione toda la información posible,
para checar, por cuenta propia que esto suceda, realizando quizás torpemente y
sin ser especialistas en la materia, nuestra propia investigación. Así,
asumimos que se actúa de buena fe, lo que para los derechos humanos es
interpretada como comportamiento fraterno y deberes con la comunidad
debidamente cumplidas.
Un día, un movimiento telúrico, cambia toda esa seguridad,
se desploman o dañan nuestras propiedades; no solo se pierden las paredes, se
pierden los hogares, la seguridad, los patrimonios, nuestras propias vidas, las
vidas de seres amados. Entonces se desploma el contrato social que hemos
firmado, observar que otras personas, que viven a lado nuestro no perdieron sus
propiedades, y nosotros sí, es la peor zozobra posible. Así, no solo se
aplastaron vidas sino también la dignidad humana.
En el momento, la reacción de rescate, arropada por la
sociedad ciudadana, el consuelo entre nosotras, las personas comunes y
corrientes, genera un ánimo de campo de seguridad, de solidaridad fraterna con
quien lo ha perdido todo. Esperando la actuación de las autoridades para poner
todo en orden; sin embargo, esto no llegó, la apropiación del rescate cercó toda
posibilidad de confianza con los poderes, siendo el cerco informativo la
confirmación de ello; las devastadoras denuncias de familiares por la inacción
de las autoridades, en el rescate de los seres queridos, dan testigo de la
grotesca escena; posteriormente el robo de bienes fue aún peor; es necesario
reconocer que la tragedia nacional se vive en dos vías, entre aquellas que sin
poder alguno logramos mucho y aquellos que con todo y su poder lograron poco.
Tal ejercicio, nos hace dimensionar que por cada edificación
dañada o derribada por el sismo, constituye una violación a los derechos
humanos, con dos dimensiones: la individual como víctimas directas, y la colectiva
por el temor generalizado de incertidumbre; ambas se constituyen como víctimas
por la corrupción. Definida por transparencia internacional como: “el abuso del poder encomendado para el
beneficio propio”; propuesta que cuenta con tres elementos sustanciales:
Primero: el abuso de poder, como aquel exceso de atribuciones
y fuerza que realiza la autoridad –la cual es planeada, elaborada y ejecutada
por una persona o grupo de personas que se encuentran en funciones públicas- poniéndose
de acuerdo en cómo violar la ley, dando como resultado, la ubicación en
situación de vulnerabilidad a las personas y sus derechos humanos;
El segundo, la encomienda: encargo que somete a la autoridad
a capricho y voluntades de intereses mezquinos, es decir, alguien que tienen a
su disposición a servidores públicos y representantes para la realización de
una acción que contravenga la ley o peor, que se modifique a su antojo para
favorecerles con objetivos específicos y claros –realizada por particulares que
buscan violar la normatividad;
Tercera, beneficio propio: en provecho de intereses
individualistas -autoridades y particulares-, que trae consecuencias graves a
otras personas y a la sociedad en su conjunto, como la pérdida de la vida y el
deterioro de su calidad.
Por lo anterior, se viola el artículo 1° de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, ya que establece en su parte final, la
obligación de observar un comportamiento fraternal entre seres humanos,
relacionado con el artículo 25 al violar los deberes respecto a la comunidad,
ambos artículos bajo una dimensión de solidaridad. Lo que implica desde luego,
no actuar corruptamente, y no caer en impunidades al momento del castigo.
A partir de lo anterior, las violaciones a los derechos
humanos en puntual se conforman por no cumplir con las obligaciones de México
como Estado Parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por no liberar
a nuestra sociedad del temor y la miseria; antes, durante y posterior a la
catástrofe, violando los artículos:
1° Por actos de corrupción e impunidad, en relación al nulo
respeto y protección de la dignidad humana, y del comportamiento fraterno;
3° No se procuró salvaguardar la vida de quienes la perdieron,
debido a la corrupción en la construcción de edificios derrumbados por el
terremoto, así como a su seguridad; en una segunda dimensión tampoco se cumple
en la actualidad con las personas damnificadas;
8° Debido al estado de impunidad, se violenta el derecho a
un recurso efectivo que le ampare contra actos de corrupción, que llevo a la perdida
de seres queridos, salud y patrimonio. Por tanto, representa la inseguridad
jurídica estando a merced del gobierno, que provocó con su mala actuación el
deterioro en la calidad de vida de las víctimas;
En concordancia con lo
anterior, se encuentran violentados los artículos 16.3 derecho de la familia,
17 propiedad privada, 19 libertad de expresión en su dimensión de recibir
información, 22 derecho a la seguridad, 25.1 nivel de vida adecuado, 26
educación, 27 culturales y 29.1 de los
deberes de las personas.
Para la Reconstrucción
En un intento por tratar de concentrar la reconstrucción a
raíz de las violaciones a los derechos humanos, nos encontramos con varias
vías, todas ellas fundamentadas principalmente en el principio PROPERSONA, es
decir, todas las acciones para la re-edificación deben ser pensadas, diseñadas,
planeadas y ejecutadas en el sentido más amplio de protección a la dignidad de
las personas damnificadas, por tanto las posibles vías son:
1° La vía de resarcir el daño:
Estas acciones son la materialización de las políticas
públicas en bienestar para las víctimas del sismo, así las fases de esta vía
sería:
a Regresar
al estado anterior, previo al terremoto, la calidad de vida creada por cada
persona; por tanto, se les debe resarcir en su totalidad sus documentaciones,
propiedades e inversiones.
Acciones:
a.1 Se les debe dar la calidad de víctimas;
a.2 Se debe de construir viviendas ubicadas
en las demarcaciones donde tenían sus propiedades y no desplazarles a otras
partes; por ello, darles un crédito constituye un acto mezquino re-victimizante
y vuelve a violar derechos humanos por parte del gobierno, ya que el dinero con
que se reconstruirá no le pertenece al gobierno, sino al Estado quien es el
“resarcidor”, al mismo tiempo no solo las constructoras fueron las corruptas si
no el mismo gobierno que ahora intenta resarcirles, la cuenta debe ser pagadas
por ambas partes;
a.3 Se debe crear protocolos de atención,
para tramitarles: credencial del INE, actas de nacimiento, escrituras,
pasaportes, títulos y cédulas profesionales, así como cualquier otro documento
acreditador que poseían con anterioridad, para cualquier trámite, como son
facturas de automóviles, tarjetas de circulación y licencias de manejo, seguros
de vida, automóviles y vivienda, credenciales de la tercera edad.
b Actos
de no repetición. Como reglamentos de construcción más estrictos, fiscalización
de procesos en designación de licencias de construcción y remodelación:
b.1 Espacios urbanos: los cuales deberían
generar una red de lugares seguros en casos de catástrofes naturales, son vías
que deben estar libres de obstáculos que les puedan dañar, como es el caso de
los postes de luz, son una trampa, una telaraña que actualmente contienen miles
de cables, es necesario que el gobierno de la ciudad les quite y distribuya de
otra manera, también el tipo de material y la distancia de entierro debe ser
proporcional al peso, ya que la gran mayoría de ellos esta ladeado y en mal
estado, incluso antes de los sismos;
b.2 Espacios educativos: después de observar
los videos, de evacuación de las estancias del ISSSTE y la forma en como actuaron
para sacar y proteger a todos esos menores de edad; y de la caída de la escuela
Rebsamen, así como el deterioro de cientos de escuelas, se debe cambiar la
norma de construcción de los centros escolares de preescolar, primaria,
secundaria y preparatoria, los cuales deben ser no mayores a un piso, así como
escaleras independientes y en buena cantidad, que no se caigan con el sismo;
b.3 Distribución de espacios educativos: la
cantidad de alumnado por salón debe ser el adecuado para permitir evacuación
pronta, que mochilas no se encuentren estorbando, así como dos puertas de
salida por salón;
b.4 Revisión de protocolos de acción en las
escuelas, para checar escenarios de repliegue y contención, así como de
evacuación.
b.5 Realizar, por lo menos una vez al mes,
simulacros por protección civil;
b.6 Programas de prevención del desastre,
como puede ser: implementar el uso de silbatos, kits de protección (mochilas
con lo necesario ante desastres naturales); en cines contar con videos para
informar en caso de alerta sísmica como actuar, muy parecido a los que utiliza
el Auditorio Nacional), generar protocolos para detener cualquier construcción
que se esté llevando en ese momento para ser evaluado por peritos;
b.7 Generar protocolo de auditoria
ciudadana, el cual generará procedimientos de seguridad estructural, resultando
en un documento que certifique por parte del gobierno, que las edificaciones
son seguras, con el objetivo de tener un mecanismo de control contra la
corrupción, ya que al extender estos documentos, sí se hace de manera corrupta,
serían el medio documental comprobatorio de ello y poder materializar así la
corrupción y negligencia.
b.8 Gentrificación, se debe de regular la
venta de casas para ser demolidas y construidos edificios, lo que deteriora la
calidad de vida de las personas originarias, impactando en altos niveles de
contaminación, tráfico de todo tipo, falta de agua, subida de impuesto predial
y modificaciones a patrones conductuales colectivos por quienes llegan a estos
espacios;
b.9 Accesibilidad, para que personas de la
tercera edad y con algún tipo de discapacidad, dejar las escaleras por rampas,
con inclinaciones adecuadas, zonas de seguridad y pasamanos adecuados, luz
auxiliar y que sean resistentes a sismos;
Así mismo, cuando se adquiera una
propiedad, la inmobiliaria deberá entregar un expediente de seguridad, el cual
deberá estar compuesto con el certificado de seguridad, ubicación del inmueble
dentro del mapa de riesgos de la Ciudad de México, áreas de seguridad, y
protocolos de actuación en casos de sismos, incendios e inundaciones;
c 2ª De
re-dignificación. En dos ámbitos, derecho a la verdad y construcción de
memorial.
3ª La responsabilidad: ésta a diferencia de la anterior, se
va a los aspectos profundos de investigar la razón real y verdadera de la caída
de estructuras, en donde se explique el impacto real de gentrificación, sí
existe responsabilidad de las constructoras y/o de las autoridades o ambas, con
la diferencia que se requiere de responsables físicos y no meramente
“simbólicos”, los cuales no van a la cárcel. Ya que la percepción que
compartimos muchas personas, es que se ha sobre construido en estos dos últimos
sexenios de manera irresponsable, hemos visto como en una misma calle al mismo
tiempo se construyen 2 o tres edificios, el caso de la delegación Benito
Juárez, resulta ser paradigmática, ya que cuenta con una cantidad importante de
estas edificaciones que van de todos los tamaños habidos y por haber.
A parte de las construcciones menores a doce años, se
encuentran también las más antiguas, como aquellas que se encuentran sobre Eje
Central; conocer sí existía por parte de quienes ahí vivían que el edificio se
encontraba o no con problemas visiblemente expuestas, y saber sí el gobierno y
protección civil tenían conocimiento o no, y conocer cómo se actuó caso por
caso, ya que son más de 3 mil estructuras dañadas.
Y así, estar en posibilidades de poder fincar responsabilidad
a empresas constructoras y autoridades, quienes concedieron permisos y
supuestamente fueron visitadas; será necesario revisar estudios de dinámica de
suelos, vibraciones etc. Ya que la violación a los derechos humanos genera una
fuerte ruptura de la confianza de las personas gobernadas a los gobernante,
esta debe de reconstruirse también, por medio de la actuación de peritajes,
autónomos independientes y con reconocimiento de su calidad profesional, lo que
deja fuera a ingenieros y arquitectos pagados
por gobiernos y por empresas constructoras, debido a que no se puede ser juez y
parte, tiene que ser un tercero, entre ellos se encuentra la vía internacional.
Otra parte de la responsabilidad recaerá en las escuelas, es
necesario analizar parte por parte lo sucedido en el Colegio Rebsamen, saber sí
son ciertas las anomalías que se difundieron por redes sociales o no, y sí
fueran comprobadas la necesidad de actuar contundentemente conforme a las
responsabilidades que van desde dueños, protección civil, SEP y autoridades
tanto delegacionales como de gobierno central. Esto pone en la lupa a todo el
sistema de escuelas privadas en México, es necesario generar un protocolo de
certificación de seguridad, de la misma forma que replantear investigaciones a
dueños de estos, y de protocolos de actuación caso por caso, ya que las
edificaciones no son homogéneas, lo cual deberían de serlo.
Otro punto, son los
centros de trabajo, oficinas que se encuentran dañadas, la gran mayoría
son gubernamentales, por tanto, se debe de investigar a dueños y funcionarios
públicos, ya que se tiene la percepción que estos son rentados por los mismo
círculos de Poder, obligando a regresar a laborar dentro de ellos, cuando estos
no presentan seguridad para personas trabajadoras; igualmente se debe de
extender certificado de seguridad;
4a vía. La certeza. Este debe constar de:
La administración de los recursos, tanto monetarios como
materiales y en especie donados por la ciudadanía. Y es que se necesita certeza
real que estos no vayan a ser desviados por el gobierno; existe información del
domino público que palas y demás donaciones fueron ya apropiadas por el
gobierno, nuevamente se deben de asignar a protección civil y no a militares y
policías, porque nuevamente es necesario recordarle al gobierno que no existe la
desconfianza en ellos.
Es necesario que sea de conocimiento general las zonas de
riesgo para construcciones, avalado por sociedad civil y academia.
Aquí nada de que no hay culpables, nada que fue el pasado,
nada que no se sabía; acá se trata de violaciones graves a los derechos humanos,
los cuales fueron realizados por dos partes, el gobierno y las empresas o
particulares, la respuesta ahora tiene que ser otra; porque no basta con que
los partidos políticos renuncien, sedan o como se les quiera llamar el término técnico,
de no recibir o donar las prerrogativas para las campañas, sino la calidad de
la justicia, esta que debe ser social, debe ser subjetiva para aplicar a cada
persona por su caso en particular, y que debe ser ejemplar, nunca más otro 85,
sin responsables y sin justicia.
Por la conquista de nuestros derechos.
Rodolfo Vitela Melgar
Ciudadano Libre.
